Aún no se ha dado el pistoletazo de salida, en esto de buscar colegio para la prole, cuando CGT tiene que denunciar, solicitando la inmediata rectificación, al nuevo Delegado de Educación en Cádiz,  Miguel Andreu Estaún de Ciudadanos, por cierto hijo del memorable Inspector de Educación Severiano Andreu, defensor incansable de la escuela pública.  Se denuncia el cierre de clases de 3 años, sólo en colegios públicos, discriminando a estos antes del proceso de escolarización, teniendo muy presente que no permitir una clase de 3 años aboca al colegio a perder en pocos años toda una línea de unidades hasta 6º de primaria. Una decisión muy grave que debe ser asumida con extrema prudencia.

Un botón de muestra provincial se da en San Fernando, donde se han suprimido siete clases públicas (unidades) muy demandadas, mostrando de esa manera la falacia de la “la libre elección de centro” ya que de esta forma no se permite a las familias la posibilidad de elegirla centros públicos. De hecho las unidades suprimidas vienen superando en los dos últimos cursos, mayor demanda sin poder absorber toda la recibida. Sin embargo en los centros privados no se produce ningún “recorte” permitiendo que se oferten todos los puestos escolares independientemente de que tengan menor demanda o haya disminuido la natalidad.

Año tras año la cifra de nacimientos se reduce y, aunque aumenta el saldo migratorio, la demanda de puestos escolares viene reduciéndose. La Red de centros, que se planificó allá por 1990, ya no responde a las necesidades de escolarización y en lugar de reducir ratios, es decir número de alumnado en cada clase, se cierra unidades y centros públicos. Bueno sería replantear el modelo: Primero, la misma existencia de dos redes de centros escolares (públicos y privados) financiados con dineros públicos, que debería ser única y de titularidad pública,  y segundo, mejorar esa ratio, que al fin de cuentas, cuanta ¡y bastante! en esto de mejorar resultados escolares.

Escolarización ha llegado y es la hora de los cumpli-mientos tanto de la administración que arracima más alumnado que el permitido por ley, la cercanía al domicilio se antoja una falacia y además un buen número de familias hacen trampas para burlar los derechos de otras que tienen más puntuación para escolarizar en su zona.