Convendría que las distintas fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario andaluz, expusieran con diáfana y meridiana claridad que piensan sobre la protección de los derechos vitales de todas las personas. Porque si se apura el asunto esos derechos esenciales son los que fundamentan toda organización social. ¿Qué sentido tiene agrupar a personas para que aporten recursos, en forma de impuestos, si no es para garantizar en primer lugar esos derechos? Los derechos vitales pretenden salvaguardar el gran derecho que sostiene a todos los demás: El derecho a la vida. El clamor de las mujeres para que no se produzcan más muertes por violencia de género se enmarca en esa gran reivindicación del derecho a la vida.

Este derecho a la vida se invoca también por colectivos antiabortistas y, no sólo estos colectivos,  cualquier persona rechaza el aborto como una situación dramática a la que se llega cuando no se ve camino alguno, dada la precariedad de las condiciones vitales en las que se produce la gestación del no nato. Y ciertamente todo ser humano tiene derecho, el gran derecho a la Vida. Pero ésta debe ser una vida humana, una vida digna.

En esto de la dignidad cada momento histórico establece unas condiciones mínimas, por debajo de las cuales, ya no es posible hablar de vida humana. Aquí y ahora, el derecho a una alimentación equilibrada y saludable, no siempre barata, el derecho a la salud en todas sus vertientes, física y psíquica, el derecho a la educación, al acceso al conocimiento y a la comunicación, el derecho a la protección de la tercera edad y al cuidado de todas las personas dependientes… son derechos esenciales que deben garantizarse sea como sea. Los presupuestos generales del Estado deben primar la garantía de esos derechos, porque son esenciales, prioritarios antes que cualquier otro asunto (pago a políticos, casa real, clero…), y después, si es que sobra dinero, atender pagas, eventos, boatos, armamento, clero, cultos, privatización de servicios públicos….etc.

Sin embargo ocurre bien al contrario. Primero los políticos garantizan sus sueldos, sus pompas y boatos, casas reales, ayudas a sus grandes empresas y terratenientes, a privatizaciones, a pagar salarios de cleros, de adoctrinadores, religiosos y empresa privadas de la sanidad y enseñanza… y, ¡si queda algo!,  para pensiones, para salud y educación públicas, para la ridícula “ley de dependencia”.

Tiene por ello sentido que la ciudadanía manifieste su rabia e indignación por el trato inhumano que recibe del Estado, en estas tierras sureñas mucho más evidente, y el próximo día 15, centrándose en la reivindicación de las mujeres “Ni un paso atrás en igualdad. Nuestros derechos no se negocian” sumemos voluntades para que el derecho a una vida humanamente digna sea respetado.