El grupo municipal de Adelante Algeciras solicita al equipo de gobierno, a través de una moción que llevará al próximo pleno, que establezca las medidas necesarias para obtener la cesión a este Ayuntamiento de las viviendas que la SAREB posee en la ciudad para fortalecer el parque público de alquiler social.
En palabras de la concejala Leonor Rodríguez “en Algeciras son muchas las personas que han tenido que abandonar sus casas por no poder afrontar el alquiler o la hipoteca , y también son muchos los ciudadanos que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a una”.
Mientras tanto, apuntan desde la formación de izquierdas, la SAREB mantiene 152 viviendas en Algeciras que provienen de las entidades que se rescataron con dinero público hace ahora 10 años.
La coalición de Izquierda Unida y Podemos aboga para que estos inmuebles, al ser propiedad de una entidad de titularidad mayormente pública, pasen a incrementar el parque de viviendas públicas de comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones, permitiendo verdaderas políticas públicas de vivienda y contribuyendo a la moderación del actualmente inasequible mercado del alquiler.
En este sentido, la edil hace hincapié en que el sistema actual basado en la especulación deja fuera del acceso a la vivienda a muchas familias y a muchos jóvenes. Ha lamentado que la subida constante del precio medio de los alquileres está arrastrando igualmente el precio medio de venta de inmuebles.
Cabe recordar que el pasado mes de enero, el Gobierno se hizo con más del 50% del accionariado de la SAREB, por imposición de la UE. En este sentido, el Real Decreto que recoge la operación señala que la sociedad “elaborará estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o entidades no lucrativas, en las que ponderará la utilidad social de estos inmuebles dentro del objetivo de maximización del valor”.
Pero, pese esta nueva normativa, son muy pocas las viviendas que se han cedido, aunque las comunidades y ayuntamientos tampoco han mostrado especial interés en ellas. Ciertamente, la nueva reglamentación tiene que ver más con la voluntad política que con la obligatoriedad legislativa.
“Es por ello que entendemos que desde el Ayuntamiento debe existir esa voluntad política para reclamar la cesión de esas 152 viviendas que podrían mejorar las graves carencias en materia de vivienda pública que arrastra Algeciras desde hace años”, concluye Rodríguez.
