El Puerto de Algeciras podrá rebajar por el coronavirus las tasas que cobra a las empresas

El Gobierno ultima un decreto de ayudas para instalaciones de interés general

Puerto de Algeciras / Foto: AAM

El Gobierno está ultimando un decreto ley para rebajar las tasas que pagan las empresas por usar los puertos de interés general, los que dependen de Puertos del Estado, según fuentes conocedoras del procedimiento han confirmado al diario digital El Confidencial. Las empresas reclaman esta rebaja al haberse desplomado el tráfico con el Covid-19. Un borrador de este decreto fue rechazado hace semanas por el Ministerio de Hacienda porque tal y como estaba redactado podía ser considerado ayuda de Estado en Bruselas. El decreto incluía también fórmulas para obligar a trabajar a los estibadores después de que durante dos días amenazasen el funcionamiento del puerto de Algeciras, uno de los mayores de Europa.

Las noticias se repiten en todos los grandes puertos: las empresas piden rebajas de las tasas que pagan por ocupar las instalaciones por el desplome del negocio. En Vigo, unas 50 empresas, de embalaje, logística y exportadoras, piden rebajar las tasas que pagan al puerto porque su actividad ha caído un 50%; en Cartagena, la autoridad portuaria ha flexibilizado el pago; mientras que el de Tarragona se ha negado a hacerlo. Los puertos de interés general, no los pequeños puertos deportivos, dependen de Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes. El documento incluye una reducción de tasas tanto de buques de larga estancia como para empresas que prestan servicios en los puertos.

El departamento que dirige José Luis Ábalos ha preparado un decreto ley «de medidas urgentes para garantizar la continuidad de la gestión en los puertos de interés general y paliar el impacto económico de la crisis sanitaria del Covid-19 en los operadores portuarios». El documento incluye una reducción de tasas tanto de buques de larga estancia como para empresas que prestan servicios en los puertos.

El primer borrador fue tumbado por el Ministerio de Hacienda. La Comisión Europea vigila con interés estas normas para que no supongan ayudas de Estado incompatibles con las normas comunitarias. El departamento que dirige María Jesús Montero consideró que ese texto no pasaría el filtro de Bruselas y lo devolvió a Transportes. Finalmente, el Gobierno está a unto de dar luz verde a un decreto ley, otro, en la crisis sanitaria.

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