ACAIP denuncia que en Botafuegos Algeciras no hay test para funcionarios

El sindicato envía una carta de protesta al subdelegado del Gobierno en Cádiz

Cárcel de Botafuegos / Foto: Paco Guerrero

El sindicato Acaip de la prisión de Botafuegos denuncia que un año después de entrar en vigor el Estado de Alarma no se están realizando test a los empleados penitenciarios que tienen un contacto estrecho con un positivo, por lo que desconocen si están o no contagiados y, por lo tanto, pudiendo propagar el coronavirus en su entorno.

En una carta dirigida al subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco, Acaip-UGT solicita que “de forma urgente entregue el protocolo a seguir por los empleados penitenciarios en caso de contacto estrecho en el ámbito laboral”. “A pesar de que el trabajo que desempeñamos los empleados penitenciarios está catalogado dentro de los servicios públicos esenciales, debido a que realizamos nuestra actividad laboral en entornos cerrados y a la elevada exposición al virus con la consiguiente alta posibilidad de
contagio, pues a pesar de ello, ninguna administración está velando por nuestra salud ni por la de nuestras familias”, recoge el escrito presentado.

Y es que los trabajadores penitenciarios recalcan que “transcurrido casi un año desde que entrara en vigor el Decreto del Estado de Alarma, a los contactos estrechos derivados del trabajo no se les están realizando ningún tipo de test diagnósticos COVID-19, ni serológicos, ni PCR, ni antígenos” y advierten de que “si se hicieran, sabríamos si pudiéramos estar propagando el contagio en nuestro entorno laboral y familiar”. Explica también que “la mutua (MUFACE) es quien presta la protección sanitaria a sus
trabajadores, pero solo les garantizan las pruebas diagnósticas cuando son sintomáticos; que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía solo presta atención sanitaria a sus afiliados; y que Asepeyo (ASPY), que es una mutua de trabajo que presta el Servicio ajeno de Prevención de Riesgos Laborales de Instituciones Penitenciarias, sí realiza los test, pero previa autorización de la Secretaría General y estos lo deniegan sistemáticamente, argumentando que a pesar de estar contemplado en el contrato, la realización de los test solo se realizarán en casos excepcionales”.

Botafuegos cuenta con una plantilla de más de 440 empleados y una población reclusa masificada con más de 1.200 internos, “muchos de estos últimos cuentan con una salud muy deteriorada con problemas respiratorios, cardiovasculares, VIH, hepatitis, tuberculosis…”; además, Algeciras cuenta con dos centros de inserción social uno en Algeciras.

Según el sindicato, “a los reclusos se les han seguido respetando todos sus derechos en la medida de lo posible y respetando tanto medidas sanitarias como de seguridad”. “En los últimos 3 meses Botafuegos ha tenido 18 positivos además de 65 contactos estrechos y ha salido adelante, pero no gracias a la protección y buena gestión de la pandemia por parte del Ministro del Interior y/o la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ni de la ayuda que debiera prestarnos la Subdelegación del Gobierno, sino a la alta profesionalidad de todos sus empleados penitenciarios”, expresa la carta dirigida al Gobierno.

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