ACAIP exige protección jurídica en la prisión de Algeciras

El sindicato entiende que los funcionarios son agredidos y nunca reconocidos
Prisión de Botafuegos / Foto: AAM

El Sindicato mayoritario del ámbito penitenciario, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), lanzó una nota de prensa en la que presentaba un proceso judicial sobre agresiones a funcionarios de prisiones en Algeciras. El comunicado fue utilizado para demostrar la insignificante protección jurídica de este colectivo. Además, también sirvió para dar un toque de atención a la Secretaría General de las Instituciones Penitenciariaspara que lleve adelante la Ley de Cuerpos Penitenciarios.

Para comprender la petición de ACAIP, hay que conocer los hechos perpetrados contra los funcionarios de prisiones que fueron llevados a juicio. Los días 26, 27 y 28 se sucedieron varios ataques en la prisión de Botafuegos en Algeciras llevados a cabo por el mismo interno. Este delincuente con larga trayectoria penitenciaria provocó un incendio en su propia celda. Tanto el humo como el fuego pusieron en peligro su vida, la de los funcionarios que sofocaban las llamas así como la de los internos instalados en las celdas cercanas.

Tal fue la situación de peligro vivida que varios funcionarios de la prisión tuvieron que ser trasladados a la enfermería por inhalación de humo. No obstante, las acciones del preso no terminaron ahí. Los días siguientes a este incendio prosiguió con las agresiones e insultos a los trabajadores y lanzó amenazas graves de muerte a varios de ellos. Todos estos hechos acontecidos en un período relativamente corto fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Guardia de Algeciras por la dirección del Establecimiento Penitenciario.

Tras el estudio del caso, la fecha para la celebración del juicio se marcó para el pasado jueves. Sin embargo, el acto no se llevó a cabo por la conformidad de las partes. La petición del fiscal que era de seis años disminuyó hasta los 18 meses de privación de libertad y una multa de 1.375 euros para indemnizar a los damnificados. Además, el acusado posiblemente no tendrá el dinero para pagarla y se declarará insolvente. Lo más preocupante de todo este proceso no es la sentencia final, sino que durante todo el proceso los funcionarios presentes no fueron preguntados, no prestaron declaración porque la abogacía del estado no se persona en los juicios penales.

En su nota de prensa el Sindicato ACAIP-UGT ha querido dejar constancia de la verdadera situación de riesgo en la que viven los funcionarios de prisiones. El colectivo de empleados penitenciarios estadísticamente sufre una agresión cada 36 horas y los hechos se ponen en conocimiento del Juzgado de Guardia competente. Sin embargo, no se les reconoce la condición de Agentes de la Autoridad ni interviene la Abogacía del Estado.

ACAIP ha recordado que el ministro de Interior en sus primeras declaraciones para el Senado prometió que nada más llegar al Gobierno pondría a disposición de los trabajadores penitenciarios la Abogacía del Estado. Los funcionarios de prisiones saben que la regulación actual es una instrucción del 2001 obsoleta e ineficaz. Piden que el borrador de la Ley de Cuerpos de Seguridad que recoge y regula su Protección Jurídica debe desatascarse porque el colectivo de prisiones lo necesita. Para ello llama al interés de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

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