CCOO se ha dirigido a la dirección de la empresa pública Algesa para reclamar la aplicación del Convenio Colectivo en materia económica; en concreto la subida salarial que deberían de estar cobrando ya la plantilla y que corresponde al año 2022. “Desde el mes de enero del 2022 las personas trabajadoras de Algesa deberían de haber tenido una subida salarial que según convenio colectivo es la marcada en los Presupuesto Generales del Estado, a fecha de hoy este colectivo sigue sin ver un euro de esa subida”, señala.
“Al contrario de otros trabajadores del entorno municipal, que ya perciben esta subida salarial, este colectivo sigue siendo discriminado por los gestores de la empresa, como ya se ha venido viendo en el tiempo en las diferentes denuncias en materia laboral, sindical y de Prevención de Riesgos Laborales, que han sido interpuestas por CCOO, siendo una de las empresas públicas que atesora un mayor incumplimiento de la normativa laboral”, añade.
“La plantilla de Algesa espera ver reflejada en sus nóminas el dinero que les corresponde y los atrasos generados. Es un derecho que les asiste, que está firmado por todas las partes y que la empresa debe de cumplir sin demora alguna”, asevera el responsable de CCOO Hábitat Miguel Páramo.
En otro orden de cosas, CCOO ha instado a la Dirección de Algesa a cumplir la última sentencia favorable a los trabajadores, que obliga a acatar el Convenio Colectivo en lo referente al derecho a la jubilación parcial anticipada. “Algesa se ha venido negando a cumplimiento de lo que firmo en su día en el convenio colectivo, esto es, facilitar la jubilación anticipada a los trabajadores que cumpliesen los requisitos para acogerse a la modalidad de prejubilación con contratos de relevo”, apostilla.
Esta sentencia viene precedida por la denuncia de parte del Comité de Empresa “y donde CCOO estuvo siempre apoyando la continuidad del proceso judicial en beneficio de todo el colectivo”. “Es lamentable que trabajadores que han dado todo en su vida laboral, que cumplen los requisitos para pasar a una prejubilación, que este derecho este reconocido en su convenio colectivo, no puedan irse porque la empresa se lo niega y tenga que ser un juzgado el que les dé la razón”, señala Páramo.
“Resulta lamentable que una empresa pública se niegue a cumplir lo pactado en convenio y deteriore de esta forma las relaciones laborales”, sentencia.
