CSIF denuncia otra retirada de mascarillas defectuosas en Algeciras y la comarca

El material Aszorb FFP2 NR, no contaba con un informe previo a su utilización

Mascarillas expuestas presuntamente defectuosas / Foto: AAM

El sector de Sanidad de CSIF Cádiz muestra su total indignación por la retirada de un nuevo lote de mascarillas, ordenado ayer por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ante la sospecha de no cumplir con las especificaciones técnicas como FFP2. Hasta el momento, CSIF tiene constancia de que estos materiales han sido repartidos y usados por personal sanitario del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda y en el Hospital San Carlos (en San Fernando), pero los delegados sindicales siguen recopilando información sobre su uso en otros lugares como por ejemplo los hospitales del Campo de Gibraltar.

Estas mascarillas, Aszorb FFP2 NR, no contaban con un informe previo a su utilización, por parte de las autoridades sanitarias, en el que se confirmara el cumplimiento de las características técnicas descritas en la ficha de dichos materiales de protección.

Para CSIF, este es un nuevo insulto al personal de la Sanidad pública, pues se trata del sexto lote de mascarillas que son retiradas. Y es que este sindicato ha exigido varias veces al SAS que verifiquen la eficacia y certifiquen la trazabilidad de estos productos antes de que se repartan entre las plantillas, para evitar estas situaciones. Hay que recordar que, anteriormente, se han registrado casos de profesionales contagiados por Covid-19 tras usar mascarillas defectuosas.

Por el momento, no se sabe si estas mascarillas retiradas son defectuosas o no, a la espera de los resultados de las comprobaciones, pero CSIF considera que no se puede estar jugando otra vez con la seguridad y la salud de los trabajadores. “Demasiada carga han estado sufriendo en los últimos meses, como para que se sigan cometiendo estos errores”, ha finalizado Alberto Puyana, responsable provincial de Sanidad de CSIF Cádiz.

Piden pruebas para los bomberos

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Cádiz que sus funcionarios también sean sometidos a las pruebas de detección del coronavirus. La entidad pretende así que sus efectivos tengan el mismo trato que las fuerzas de seguridad como las agrupaciones de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional.

Francisco Vaca, presidente del CBPC, ha resaltado que los bomberos han efectuado 3.500 actuaciones en 43 localidades de la provincia, principalmente desinfecciones en centros con personas vulnerables y sanitarios.

“Las funciones realizadas por bomberos en estos meses hace esencial que el personal acceda a los test que se están realizando a otras fuerzas y cuerpos de seguridad”, ha subrayado Vaca, quien dice esperar una «rápida respuesta» de las autoridades.

El Servicio Andaluz de Salud está llevando a cabo test PCR de anticuerpos frente al SARS-CoV-2 al personal y de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los miembros de Policía Local de los ayuntamientos de la provincia. Para Vaca es “imprescindible que el personal de este Consorcio acceda a estos test con la mayor inmediatez posible, tanto por el carácter esencial del servicio prestado, como por la tipología de las funciones desarrolladas que le hace estar en contacto con el virus al igual que otros operativos”.

Desde el CBPC se hace hincapié en las labores preventivas, que desde el principio del estado de alarma, se están llevando a cabo por este servicio en los establecimientos más vulnerables de la provincia «y que siguen cada día manteniendo su compromiso adquirido con todas las instituciones».

Son ya más de 3.500 las actuaciones de desinfección en residencias de mayores, centros de salud, de menores, de discapacitados, en comedores y al albergues, en centros estratégicos y de distribución y en todos aquellos lugares donde los bomberos han sido requeridos. «Todo ello manteniendo la respuesta a las emergencias habituales que, junto a las labores de preventivas y que, aún siguiendo unos estrictos protocolos, suponen un incremento en el riesgo de exposición del personal al virus, que podría afectar a la operatividad del servicio en caso de propagación entre compañeros».

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