Acaip-UGT, sindicato mayoritario en prisiones, ha vuelto a denunciar la “precariedad” en la que se encuentra la sanidad penitenciaria. “No se cubren las plazas vacantes”, ha asegurado en una nota de prensa. “Como solución la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, acaba de convocar para todo el país, cuatro plazas de facultativos interinos para un periodo de 6 meses. En el último año, el déficit ha aumentado en casi 10 puntos en los centros dependientes de la Secretaría General con 300 plazas sin cubrir, lo que supone un 58,25% del total”, ha alertado el sindicato, que ha apuntado que la prisión de Botafuegos de Algeciras cuenta con cuatro facultativos “de los diez que debería tener”.
“La ausencia de médicos no solo redunda en una mala atención sanitaria de la población reclusa, sino que genera problemas de carácter jurídico, de seguridad o tratamental”, ha asegurado Acaip-UGT, que critica la solución planeada por la administración, con carácter general: “establecer un servicio de telemedicina, lo cual es inoperativo dada la idiosincrasia de las prisiones y las particularidades asistenciales y legales que son necesarias en las mismas”.
“Muchas vidas de internos se han salvado en las prisiones españolas, entre ellas en Botafuegos, gracias a la rápida intervención de los equipos sanitarios, siendo cuestión de minutos el permanecer con vida o no. Aplicar este modelo en los Centros Penitenciarios es sinónimo de desconocer la realidad de los mismos”, ha informado la sesión sindical, que ha alertado de que “podemos encontramos ante un problema médico-legal si la administración pretende que otros profesionales sanitarios asuman decisiones que son competencia exclusiva de los facultativos”.
“Desde Acaip-UGT entendemos que la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias comunidades autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria.
