La Plataforma por la Escuela Pública alerta del cierre de líneas en la comarca

El colectivo muestra su apoyo a la huelga convocada el 4 de marzo

Los responsables de CCOO Educación Santiago Acha y Sebastián Alcón

La Plataforma por la Escuela Pública, constituida por las organizaciones sindicales CCOO, UGT y USTEA, la Confederación de Asociaciones de padres y madres (Codapa), y el Frente de Estudiantes FdE, a la que se han unido a última hora ANPE y CSIF, ha anunciado su más rotundo rechazo al nuevo decreto de escolarización y llama a la movilización y la huelga por la defensa de la escuela pública. CCOO también denuncia el cierre de medio centenar de líneas de infantil y primaria en el Campo de Gibraltar durante los dos últimos cursos.

Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del nuevo decreto que regula la escolarización en la comunidad el pasado lunes, la Plataforma Andaluza por la Educación Pública ha decidido convocar una huelga educativa el próximo miércoles 4 de marzo para mostrar el más completo desacuerdo con esta nueva normativa, ya que se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza.

“Para esta plataforma son del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda», ha manifestado este viernes Sebastián Alcón, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Cádiz. «Estas iniciativas ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo. La profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de demanda social traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto. Es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho», explicó Alcón.

Para las organizaciones integrantes de esta plataforma, la «discriminación positiva» que esta nueva norma extiende sobre los centros privados-concertados al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas. Los sindicatos recuerdan que la escuela pública lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años.

CCOO critica que la supresión de unidades escolares está «dañando la educación pública andaluza, precisamente la que ofrece mayores garantías de igualdad de oportunidades y de cohesión social». Alcón recuerda que en octubre de 2019 presentó un estudio de esta organización sindical que muestra que en el Campo de Gibraltar en Educación Infantil se suprimieron el curso pasado 13 unidades y en el actual 11, mientras fueron 13 las suprimidas en Primaria el pasado curso y 15 el presente.

La plataforma no comparte el hecho de que, en un contexto de descenso de la natalidad, en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la Administración priorice la aprobación de un decreto encaminado a desfavorecer la enseñanza pública.

Los sindicatos afirman que el decreto «no es fruto del consenso con la comunidad educativa», tal y como aseguró el Consejero de Educación, Javier Imbroda, «ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se ha mostrado el rechazo a las medidas más agresivas para la educación pública que introduce este decreto».

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