Verdemar ve ‘amenazado’ al delfín común en la Bahía de Algeciras

Los ecologistas cargan contra la 'pesca deportiva ilegal'
Pesca deportiva en la Bahía de Algeciras. / FOTO: Verdemar

Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado que la pesca deportiva ilegal en la Bahía de Algeciras está dañando al delfín común del Mediterráneo, una especie ya de por sí «seriamente amenazada».

«Pescadores ilegales acosan a los delfines comunes y a sus crías en la Bahía de Algeciras. Con las artes de pesca los mutilan, acosan y golpean a esta especie amenazada del Mediterráneo. Muchos mueren como consecuencia de estas prácticas ilegales y la Administración no pone remedio para evitar esta masacre», avisan los ecologistas.

«En este tiempo y durante los últimos años, se ha detectado la presencia de embarcaciones de recreo, siempre asociadas a los grupos de delfines, que pescan utilizando la técnica «popping», destinada a capturar especies de superficie, entre ellas el atún rojo de pequeño tamaño. Las artes utilizadas para este tipo de pesca son una caña robusta y larga, dynema trenzada y un señuelo lanzado contra los grupos de delfines y recogido en energéticos y constantes pulsos, arrastrando la muestra por la superficie con el fin de excitar a los atunes», detalla Verdemar.

El colectivo avisa de que el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de protección de los cetáceos, estipula que «está prohibido dañar, molestar, inquietar, dar de comer, alimentar, perseguir, bañarse con cualquier cetáceo en España y exige mantener una distancia de 60 metros, manteniendo una velocidad de 4 nudos en caso de que los animales estén desplazándose o parar el motor en caso de que estén estacionarios».

Por eso, avisa de que «los lanzamientos de sedales con muestras repletas de anzuelos a los grupos de cetáceos que puede herir, mutilar o enganchar algún delfín también son ilegales«.

El citado decreto, según los ecologistas, determina que las labores de vigilancia corresponden a la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento y al Servicio Marítimo de la Guardia Civil; si bien «los agentes de la autoridad de las distintas comunidades autónomas también están obligados a colaborar para la consecución de los fines de este Real Decreto».

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